© Irene Galera
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La educación en situaciones de emergencia está protegida tanto por el derecho internacional de los derechos humanos como por el derecho internacional humanitario y, por lo tanto, supone obligaciones concretas para todos los Estados. Sin embargo, las situaciones de crisis o desplazamiento forzoso siguen siendo un obstáculo para el derecho a la educación de millones de niños y niñas en el mundo.
Desde Entreculturas reiteramos nuestro compromiso con la defensa del derecho a la educación para todas las personas, poniendo el foco en las que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Por eso, pedimos a la Comunidad Internacional y los Estados que:
- Tomen medidas para que todas las personas puedan disfrutar del derecho a la educación en contextos de emergencia, refugio, desplazamiento o cualquier otra situación migratoria. Suscribir la Declaración de Escuelas Seguras, así como destinar el presupuesto necesario y promover acuerdos intergubernamentales de Acción Humanitaria y desarrollo, es esencial.
- Adopten mecanismos efectivos de monitoreo y denuncia de las violaciones al derecho a la educación en situaciones de emergencia. Se deben establecer responsabilidades concretas para que los Estados investiguen los ataques a la educación, y para que establezcan mecanismos de monitoreo de la discriminación racial y la xenofobia.
- Respeten y apliquen las normas del derecho internacional humanitario destinadas a proteger la educación. Deben adoptarse normas y acciones para evitar la violencia y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, quedando libres las escuelas y universidades de cualquier uso militar.
- Protejan a los actores educativos y promuevan el currículo de paz y derechos humanos. Es necesario crear protocolos de protección para estudiantes y docentes en situaciones de emergencia, incluyendo medidas de atención psicológica. El currículo debe adaptarse para mejorar la educación de personas adultas desplazadas y debe incluir la perspectiva de género, la promoción de la paz, la resolución de conflictos, la gestión de riesgos y la mitigación y adaptación al cambio climático.
El Gobierno de España, por su parte, como Estado firmante de la Agenda 2030 debe:
- Cumplir con la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global en la senda de recuperación de la inversión hacia el 0,7% del PIB.
- Focalizar los esfuerzos en la ayuda a la educación básica, asumiendo nuestros compromisos en las iniciativas multilaterales que existen, como la Alianza Mundial por la Educación (AME), y alcanzando el 8% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) bilateral.
- Incrementar sus contribuciones con el porcentaje de ayuda humanitaria a la educación hasta al menos el 10% poniendo un especial énfasis en los contextos en crisis.
- Destinar al menos el 3% del total de la AOD a la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global, para avanzar en el logro de la meta 4.7, prestando atención a los programas que incorporen la educación de personas refugiadas y migradas.
- Aprovechar el VI Plan Director de la Cooperación Española como una oportunidad para la inclusión de las personas en situación de emergencia tanto en los Planes Directores de la Cooperación Española como en los distintos Marcos de Asociación País (MAP).
- Incluir la participación en el proceso de diálogo con las organizaciones de personas refugiadas y migradas tanto en los países donantes como en los receptores.
- Respetar los derechos humanos en las acciones de gobernanza migratoria y en los procedimientos de protección internacional, incluido el derecho a la educación de todas las personas migradas y refugiadas.
- Asegurar el interés superior de la infancia y el cumplimiento de todas las garantías en los procedimientos migratorios y de protección internacional, incluyendo medidas específicas para niños y niñas separados, no acompañados o con otras necesidades de protección.
- Aumentar el nivel de financiación y presupuestos públicos para educación, especialmente aquellos destinados a garantizar la equidad educativa, que impulsen programas de educación compensatoria, por ser la que más incide en el estudiantado migrado y refugiado, y que inviertan en personal especializado y formado y en programas de apoyo.
- Adoptar un enfoque de género en todas las actuaciones exteriores de acción humanitaria y cooperación para el desarrollo y reforzar el principio de coherencia de políticas de cooperación entre la política exterior, la de derechos humanos y la de igualdad.
Es indispensable redoblar la solidaridad global y los esfuerzos de todos los agentes implicados si queremos estar a la altura de los desafíos que amenazan uno de los principales derechos de la infancia: la educación.
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Un programa de participación juvenil entre 12 y 18 años que fomenta el desarrollo de valores, actitudes solidarias y el aprendizaje emocional y social para el ejercicio de una ciudadanía global. Escríbenos a educacion@entreculturas.org